El Congreso del Estado de Baja California aprobó reformas a la Constitución local para prohibir de manera expresa cualquier forma de discriminación basada en la condición o situación migratoria, así como para asegurar el acceso pleno a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Durante sesión del Pleno, las y los legisladores avalaron el Dictamen número 67, emitido por la Comisión de Gobernación, el cual deriva de iniciativas presentadas por las diputadas Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba.
Las modificaciones aprobadas impactan los párrafos tercero y décimo quinto del Apartado A del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. La primera reforma, promovida por la diputada Alejandrina Corral, del Partido Acción Nacional, establece de forma clara la prohibición de actos discriminatorios motivados por la situación migratoria de las personas.
En su planteamiento, la legisladora expuso que Baja California, por su ubicación fronteriza con Estados Unidos, es una de las principales puertas de entrada y tránsito de población migrante en el país, lo que coloca a este sector en condiciones de especial vulnerabilidad frente a autoridades e instituciones públicas. Añadió que fortalecer el marco legal contribuye al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México.
La segunda reforma corresponde a la iniciativa presentada por la diputada Daylín García, de Movimiento Ciudadano, enfocada en garantizar que niñas, niños y adolescentes migrantes puedan acceder a la educación sin restricciones ni discriminación. La legisladora enfatizó que la educación es un derecho humano esencial y una herramienta clave para el desarrollo integral y la inclusión social.
Asimismo, advirtió que Baja California recibe un alto número de menores migrantes, quienes con frecuencia enfrentan barreras para integrarse al sistema educativo debido a su estatus migratorio, situación que esta reforma busca erradicar.
Con estas modificaciones constitucionales, el Congreso de Baja California refuerza la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales y de erradicar prácticas discriminatorias, sin importar la condición migratoria de quienes transitan o residen en la entidad.
