La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión para el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por cinco delitos de corrupción en la causa que le investiga por presuntas comisiones irregulares por la compra de mascarillas, en el marco del caso Koldo. Además, el Ministerio Público pide para el también exministro de Transportes multas que ascienden a casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para cargo público.
Así lo ha acordado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un escrito de acusación que ha remitido al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso RTVE. En concreto, el fiscal le acusa de los delitos de organización criminal, delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y delito de malversación. Ábalos se encuentra en libertad con medidas cautelares, tiene que comparecer cada quince días en el juzgado y no puede salir del territorio nacional.
Junto a las penas para Ábalos, el fiscal ha pedido para el que fuera su mano derecha en el ministerio, Koldo García, 19 años y medio de prisión, una multa de también casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público. Por otra parte, para el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha solicitado una pena de siete años de cárcel, la inhabilitación y una multa superior a 3.700.000 euros.
Anticorrupción pide celebrar una vista para endurecer las medidas cautelares
Ante estos hechos, Luzón ha solicitado la celebración de una vista para endurecer las medidas cautelares impuestas a Ábalos y Koldo, entre las que cabe su ingreso en prisión provisional.
Asimismo, el fiscal jefe ha pedido que Ábalos y Koldo indemnicen de forma “conjunta y solidaria” con más de 45.000 euros a Ineco y Tragsatec, empresas públicas en las que el exministro presuntamente colocó a su expareja, Jésica Rodríguez. Asimismo, ha pedido el embargo de 430.000 euros por las ganancias obtenidas a través del delito de cohecho.
Esta petición de Anticorrupción se ha producido el mismo día que el Supremo ha decretado la puesta en libertad del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán de forma provisional, al considerar que está “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas. El que fuera número 3 del PSOE también está imputado por las supuestas mordidas por adjudicaciones irregulares.
Puente considera que los tres se “beneficiaron económicamente de adjudicaciones”
La Fiscalía Anticorrupción ha emitido este escrito después de que el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, propusiera juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama el pasado 3 de noviembre. El magistrado detalló que los tres “se conectaron” poco después de la toma de posesión de Ábalos como ministro de Transportes para “aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
En este contexto, Puente decidió el pasado septiembre dividir la causa en piezas diferentes, una para las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas, que está más avanzada, y otra para la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública, que se comenzó a investigar más tarde.
Koldo fue “testaferro de las actividades delictivas” de Ábalos
Mientras Koldo García trabajó como chófer al servicio de Ábalos, el fiscal ha detallado que se forjó entre ambos “una relación de confianza” que culminó en la designación de Koldo como mano derecha del ministro en la cartera de Transportes. Esta relación comenzó en Navarra, cuando Ábalos acompañó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su gira promocional para las primarias socialistas.
“Koldo García fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio”, ha subrayado Luzón, hasta el punto de que en Transportes se entendía que Koldo “era el fiel transmisor de las decisiones y deseos de Ábalos”. Al mismo tiempo, el navarro “manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas“.
Por otra parte, ha señalado que Víctor de Aldama conoció a Koldo en 2018 a través de su hermano, que era escolta en Transportes, “entablando con él una frecuente relación que se extendió a Ábalos”. Ante este triángulo de relaciones, crearon vínculos para “obtener un común beneficio político“.
“Los integrantes de la organización descrita acordaron la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”, ha detallado Luzón, quien asegura que la organización nación con una “innegable vocación de permanencia en el tiempo” para proyectar su actuación “delictiva en distintas esferas y conductas ilícitas”.
El “ilícito negocio” de la compra de mascarillas
De todas las actuaciones de Ábalos en favor de Aldama, esta investigación se ha centrado en el “ilícito negocio” que habrían emprendido los tres implicados a través de contratos públicos de mascarillas para la empresa Adif y Puertos del Estado, ambas dependientes de Transportes, en marzo de 2020, durante la pandemia.
Sobre esto, Anticorrupción ha relatado que el entonces titular de Transportes acordó la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen “una indebida compensación económica” a cuenta de Aldama, que a su vez se embolsó casi cuatro millones de euros. Además, Aldama consiguió información privilegiada de ambos adelantándose así a competidores, y articuló la oferta con la empresa Soluciones de Gestión “con el compromiso” del ministro de que obtendría los contratos.
Estas contrataciones sirvieron de puente, subraya el fiscal, para que Aldama después lograse contratos con otras administraciones, como el Ministerio del Interior, el Gobierno canario y el balear.
