El alcalde Ismael Burgueño Ruiz aclaró que el Ayuntamiento de Tijuana no ha autorizado un pago definitivo a la empresa operadora del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), sino que únicamente aprobó explorar alternativas de conciliación para resolver el litigio que mantiene con la concesionaria.
El presidente municipal explicó que cualquier posible acuerdo deberá ajustarse a la legislación vigente y evaluarse con responsabilidad financiera, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a los recursos públicos.
La aclaración ocurre luego de los cuestionamientos sobre un posible pago millonario relacionado con el conflicto legal del sistema de transporte, asunto que también fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al gobierno municipal transparentar la situación.
Buscan evitar un impacto mayor en las finanzas municipales
Burgueño indicó que el litigio tiene su origen en administraciones anteriores y está relacionado con un contrato firmado en 2016, cuya vigencia está prevista hasta 2046.
De acuerdo con el alcalde, si el procedimiento judicial concluye con una resolución desfavorable para el municipio, Tijuana podría enfrentar la obligación de cubrir el total de la cantidad reclamada, además de las actualizaciones acumuladas durante el proceso.
Ante este escenario, el Cabildo autorizó analizar una posible negociación con un límite de hasta el 50 por ciento del monto reclamado.
Sin embargo, el edil precisó que todavía no existe una cifra definitiva ni un convenio económico firmado. Cualquier propuesta deberá someterse a una revisión jurídica y presupuestal antes de concretarse.
El SITT continúa pendiente de transferencia al Estado
Además del litigio, el Ayuntamiento enfrenta el proceso pendiente para transferir el sistema de transporte al Gobierno de Baja California, a través del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
La legislación estatal estableció disposiciones para trasladar el sistema al ámbito estatal; no obstante, el procedimiento no se completó en el periodo previsto.
En mayo de 2026, el gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento iniciar las gestiones correspondientes para avanzar en la transferencia de la infraestructura y la operación del SITT.
La administración municipal deberá atender tanto las implicaciones legales del litigio como los procedimientos necesarios para concretar el traspaso.
Ayuntamiento sostiene que protegerá el dinero público
El alcalde señaló que su gobierno busca una salida que permita resolver el conflicto sin comprometer innecesariamente las finanzas municipales.
Reiteró que la autorización del Cabildo representa el inicio de un análisis de alternativas, no la aprobación automática de un pago, por lo que las condiciones de cualquier posible acuerdo deberán revisarse antes de asumir compromisos económicos.
