La Fiscalía General de la República investiga al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Alberto Torres Torres; así como a otros políticos y empresarios bajacalifornianos
El citatorio exige la comparecencia de Torres Torres en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, acompañados de un abogado y documentos de identificación oficial.
La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres.
Torres Torres, quien fue el centro de atención mediática en mayo pasado cuando junto a su entonces esposa anunciaron la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos, enfrenta ahora cargos formales como imputado. Según los oficios de la FGR de los que Proceso tiene una copia.
Esto ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El caso, que involucra a figuras políticas clave de la entidad fronteriza, ha generado revuelo tras la filtración de documentos judiciales que circulan.
Supuestos lazos con el narcotráfico
En octubre de este año, la gobernadora Ávila Olmeda anunció su divorcio en proceso, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.
Burgueño Ruiz, por su parte, confirmó haber recibido su citatorio y criticó públicamente su filtración, argumentando que se trata de una “denuncia anónima” sin sustento. “Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.
Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y EU por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. En EU, el Departamento de Seguridad del Interior indaga por conspiración para delitos y lavado.
El 10 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales. Las empresas de Galicot-Rojas, como Escénica Publicidad y Kuk Lab, han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización, presuntamente usados para blanquear fondos de “La Mayiza”, facción sinaloense.
